Jurisdicción y Régimen Tributario en los Montes de Toledo bajo el señorío de la Ciudad

12 01 2008

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Rev. Est. Mont. nº92

Ángel Gómez-Cabrero Ortiz
María de la Soledad Fdez. de la Iglesia

Los Montes de Toledo, desde que, en el siglo XIII, pasaron a constituir un señorío de la Ciudad de Toledo, estuvieron sometidos a un triple sistema de tributación. Aparte de los tributos debidos a la Iglesia y a la Corona, sus vecinos debían pagar como vasallos de la Ciudad otro tributo al Ayuntamiento de ésta: el dozavo.
Durante el siglo XV, el Ayuntamiento de Toledo organizó un sistema administrativo y fiscal en los lugares de los Montes basado en una división territorial en siete cuadrillas. El dozavo, al igual que el resto de los tributos, era recaudado por arrendadores. Ya en esta época apareció la figura del Fiel del Juzgado, nombrado por el Ayuntamiento de Toledo y encargado de administrar justicia y vigilar por el cumplimiento de las ordenanzas de la ciudad en los lugares de los Montes.

Durante el siglo XV hubo reacciones de protesta contra el dozavo, como las de Los Yébenes y Marjaliza que llegaron en sus demandas hasta la Chancillería de Valladolid que les condenó a seguir cumpliendo las ordenanzas de la ciudad por sentencia de 1484. Pero no era sólo el pago del dozavo lo que originaba las protestas sino también los abusos de que les hacían objeto los funcionarios de la Ciudad. Ante las protestas y quejas de los agravios hechos por el Fiel del Juzgado y los escribanos, así como los dozaveros y arrendadores, dezmeros y alcabaleros, la Ciudad envió en 1500 una inspección cuyo informe sirvió para redactar las ordenanzas del mismo año. Estas Ordenanzas reconocían que, según la información de los enviados, “pareció que los dichos nuestros vasallos reciben algunos agravios de las personas susodichas, e por ellos nos fue suplicado lo proveyésemos y recomendásemos con justicia e nos, queriéndolo así facer y para que los tales agravios de hoy en adelante no se hagan mandamos facer este arancel y estas ordenanzas”. Para evitar abusos, las Ordenanzas establecían las obligaciones y cometidos del Fiel del Juzgado y los escribanos, así como los derechos que debían percibir por sus funciones judiciales tanto en la jurisdicción civil como en la criminal.

En esta última, había una duplicidad de competencias entre la Ciudad de Toledo y la Hermandad, lo que daba lugar a frecuentes conflictos: En 1459 los guardas de los Montes se quejaban de que los alcaldes, hermanos y cuadrilleros de la Hermandad les impedían cobrar las multas o penas y tomar prendas a los pastores que delinquían. El conflicto estaba motivado porque, por una parte, era la hermandad la que perseguía y juzgaba los delitos cometidos en descampado y, por otra, los guardas debían hacer cumplir las Ordenanzas que también tipificaban este tipo de delitos. Los conflictos de jurisdicciones debieron darse a menudo, lo que provocó una concordia entre el Ayuntamiento de Toledo y el Cabildo de la Hermandad que intentaba resolver este tipo de pleitos. También la Hermandad cometía excesos como se refleja en varios documentos en los que los vecinos de los Montes manifestaban sus quejas ante el Ayuntamiento de Toledo, o los presentados en 1539 y 1541, en los que Carlos I autorizaba a la Justicia de Ávila para que juzgase ciertas causas contra los cuadrilleros de la
Hermandad de Talavera por excesos cometidos en Los Navalucillos.

En el siglo XVI se sucedieron las causas seguidas contra alcaldes y cuadrilleros de la Hermandad por inmiscuirse en asuntos en los que no eran competentes, o por tratar con desconsideración a la justicia ordinaria. Durante el siglo XVII los enfrentamientos se alternaron con la colaboración entre Ayuntamiento y Hermandad: tan pronto los cuadrilleros ayudaban a los enviados desde Toledo para dar pregones sobre la extracción de cepas para hacer carbón, como protagonizaban un enfrentamiento con el Concejo de Navahermosa cuyo alcalde había apresado a un cuadrillero. En 1638 el Fiel del Juzgado ordenó que en los lugares de los Montes no hubiera cuadrilleros ni escribanos de la Santa Hermandad, lo cual era sencillamente imposible, entre otras razones, porque los cuadrilleros ocupaban con frecuencia cargos en la jurisdicción ordinaria de los pueblos, como alcaldes o regidores.

Volviendo a las quejas y los abusos, en 1554 el Concejo de Navahermosa, en representación de los lugares de la cuadrilla de Herrera, otorgó una carta de poder y nombramiento de procurador en causa contra el Ayuntamiento de Toledo ante Su Majestad, a Diego Laínez, vecino de Los Navalucillos y residente en Valladolid. Tras mucho pleitear, los lugares se vieron obligados, por sentencia de 9 de mayo de 1589, a seguir pagando el dozavo. En vista de ello, los vecinos debieron optar por renunciar al enfrentamiento frontal, acudiendo a una resistencia pasiva que consistía en intentar la evasión del pago pretextando descuido o ignorancia. Este toma y daca, que duró más de un siglo, está magníficamente resumido en un librito escrito por el Licenciado D. Jerónimo de Guevara, con el que el Ayuntamiento obsequió a sus Montes en 1685 y que fue editado hace unos años en facsímil por la Asociación Cultural de los Montes de Toledo. En este opúsculo, el Licenciado Guevara se explayó en razones para justificar la justicia de los derechos de Toledo sobre sus Montes, de los que no se libraban ni seglares ni eclesiásticos, para lo que hubo de acudir a un cumplido ramillete de argumentos teológicos.

Este manifiesto sirvió de apoyo a la fuerte amonestación que el Ayuntamiento dirigió a los Montes el 24 de diciembre de 1685, contestando a una carta colectiva de los concejos monteños en los que se excusaban de no haber pagado el dozavo por ignorancia. Argumentaban que, al no haberlo exigido nadie, no lo habían pagado aunque en su intención estaba hacerlo. Claro que, tras las calamidades sufridas en aquellos años, debían pagar menos y, por otra parte, acusaban al Ayuntamiento de no guardar las concordias. En la respuesta del Ayuntamiento hay un fuerte sabor feudal como cuando alude a la “obligación que os asiste por ser nuestros vasallos”. “No excusamos deciros -remarca el documento- que tengáis entendido que ningún vecino de nuestros lugares tiene dominio, ni posesión, ni tierra alguna si no tiene título de nuestro Ayuntamiento […] y que cada seis años debéis hacer reconocimiento sin que podáis adquirir derechos sobre ellas y que podrá la Ciudad y nuestro Ayuntamiento si quiere, privaros de ellas”. No faltan alusiones al “derecho que nos asiste de ser dueños y señores absolutos de los Montes”. El final del escrito es fracamente amenazador: “si todavía nos inquietarades e intentaredes pleitos y perturbaciones, los seguiremos y defenderemos, esperando de nuestra justicia que seréis vencidos como tantas veces lo habéis sido que pudiera serviros de ejemplo y escarmiento para no volver a intentar diferencias”.

Además del dozavo, se pagaban diezmos y primicias a la Iglesia, amén de los tributos reales. Estos últimos se agrupaban en dos categorías: los servicios y las rentas provinciales. Los primeros aparecieron como recursos extraordinarios temporalmente limitados, que las Cortes concedían a los monarcas cuando el resto de los impuestos no alcanzaban para hacer frente a los gastos de la Corona. Desde el reinado de Carlos I, el descenso del valor de la alcabala, de la que se hablará más adelante, frente a la subida de los precios, hizo imprescindible que el servicio se mantuviera con carácter regular. De este modo, a medida que descendía la importancia de la alcabala, aumentaba la de los servicios que adquirieron un carácter permanente. Esto fue posible porque se trataba de un impuesto a pagar exclusivamente por los pecheros y del que estaban exentos los nobles e hidalgos, así como los eclesiásticos, que eran los grupos sociales de los que procedían los procuradores encargados de votar en Cortes el impuesto. Los servicios fueron suprimidos por Carlos IV en 1795.

Las rentas provinciales eran un conjunto de impuestos que perduraron hasta bien avanzado el siglo XIX en que, tras varias suspensiones que coincidieron los períodos de vigencia constitucional y con la reforma del absolutista Martín de Garay en 1817, fueron definitivamente suprimidos por la reforma de Alejandro Mon en 1845.
Entre las más representativas de las rentas provinciales, se encontraban los millones, los cientos y la alcabala. Esta era la más antigua de todas. Se trataba de un impuesto indirecto que gravaba la transmisión de todas las cosas muebles, inmuebles o semovientes. El porcentaje de la alcabala sobre el precio total de la cosa vendida fue variable hasta 1536 en que comenzó a percibirse bajo el sistema de encabezamiento, con lo que, a partir de entonces, comenzó a percibirse una cantidad fija. Las dificultades financieras sufridas por la Hacienda de Felipe IV indujeron a las Cortes a otorgar un recargo de un 1% sobre la alcabala. Nuevos recargos fueron aprobados en 1642, 1656 y 1663, elevando en cada ocasión un 1%. Estos incrementos alcanzaron entidad propia y fueron recaudados aparte de la alcabala con el nombre de cientos. Las medidas liberalizadoras del comercio adoptadas por Carlos III incidieron en la rebaja de la alcabala y de los cientos.

Los millones eran un impuesto sobre el consumo que las Cortes otorgaron a Felipe II en 1590. Su nombre se debe a que se evaluaba en millones de ducados. El impuesto, que empezó teniendo carácter extraordinario, acabó incorporándose a las rentas regulares de la Corona a través de prórrogas de seis en seis años. Los millones gravaban el consumo de la carne, el vino, el vinagre, el aceite, el jabón, el azúcar y las velas de sebo, lo cual explica su gran impopularidad y los repetidos intentos de suprimirlos, aunque tan solo con la reforma de 1845 desaparecieron definitivamente.

Lo complejo del sistema fiscal en el Antiguo Régimen y las notorias dificultades para su recaudación hicieron que se ideara y pusiera en práctica un sistema de encabezamiento. Se trataba de un concierto por el que un concejo se obligaba a pagar una cantidad fija a la hacienda real y era el propio concejo el encargado de repartir las cargas entre los vecinos, aunque a veces la deuda se satisfacía gracias a los ingresos ordinarios del concejo. En los Montes de Toledo los repartimientos se solían hacer en concejos abiertos.

A partir de 1812, los nuevos aires de libertad alentados por la Constitución animaron a los pueblos de los Montes a retomar la vieja pugna contra el dozavo. En 1813, sin embargo, se remataban las deudas que Navahermosa tenía por atrasos en el pago de este tributo. En 1814, varios pueblos suscribieron un Manifiesto dirigido al Rey y hecho público por las calles de Toledo, en el que afirmaban su pretensión de ser vasallos del Rey y no de la Ciudad, llegando incluso a ofrecer a ésta el pago de la misma cantidad que ella había entregado a Fernando III por la compra de los Montes. El Ayuntamiento respondió denunciando ante el Consejo de Castilla a los autores del manifiesto, como seductores y perturbadores de la tranquilidad. Es llamativo que entre los acusados figurase el alcalde de las Ventas con Peña Aguilera, cuando los alcaldes de estos pueblos eran nombrados por el propio Ayuntamiento de la Ciudad, aunque la costumbre era que éste ratificara la elección que, para estos cargos, hacían los vecinos reunidos en concejo abierto.

Lo cierto es que en los primeros decenios del siglo XIX el control de Toledo sobre sus Montes estaba muy relajado, como lo prueba la existencia de roturaciones de tierras que hubieran sido impensables en épocas anteriores. La más o menos voluntaria tolerancia del Ayuntamiento toledano dio lugar a una serie de acontecimientos que culminaron con la definitiva emancipación de los pueblos. Primero fue la cesión en enfiteusis de las tierras de propios a sus respectivos lugares, en cumplimiento de las Reales Órdenes de 31 de agosto de 1827 y 6 de febrero de 1829. Los pueblos monteños pagaron durante algunos años el canon estipulado por la cesión que la Ciudad hizo del dominio de sus tierras pero, al parecer, pronto dejaron de hacerlo y comenzaron a gestionar títulos de propiedad.

Las disposiciones desamortizadoras impulsadas por Pascual Madoz en 1855 dieron el golpe de gracia a la propiedad que Toledo había ostentado sobre los Montes durante siete siglos, ya entonces se había disuelto el señorío en aplicación de las disposiciones de agosto de 1836 y los pueblos se afirmaban en su autonomía municipal.

ACMT – Febrero 2001

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